Jorge Fernández, portavoz de la FEREDE
Las religiones minoritarias en España piden al nuevo Gobierno que desarrolle la legislación que garantiza la libertad de culto, para evitar “discriminaciones y arbitrariedades” en temas como la construcción de centros religiosos y la enseñanza religiosa.
Evangélicos, musulmanes o judíos denuncian la falta de una normativa común para toda España en materias “muy sensibles y que generan desconfianza y recelos que se podrían evitar con unas normas claras”, explica el portavoz de la Federación de Iglesias Evangélicas de España (FEREDE), Jorge Fernández. Permisos arbitrarios, normas contradictorias, autorizaciones que no llegan e inspecciones constantes y meticulosas son algunos problemas a los que se enfrentan los líderes religiosos, que ven cómo una y otra vez sus templos se ven precintados, prohibidos o desterrados a los polígonos industriales fuera del casco urbano. De hecho, la normativa relativa a la apertura y gestión de lugares de culto es el principal caballo de batalla de todas las minorías religiosas en España.
“No se trata de un problema de xenofobia, es un problema de no saber cómo afrontar las nuevas necesidades de las confesiones minoritarias por no tener un referente claro”, argumenta la directora del Observatorio del Pluralismo Religioso en España, Puerto García. El director del Observatorio, José Manuel López, explica que “hasta hace poco, si había alguna cuestión religiosa que resolver el cura llamaba al alcalde y se arreglaba todo; eso ya no vale en un país con ocho religiones reconocidas como de notorio arraigo y otras sensibilidades religiosas”.
A ello se suma el hecho de que en los últimos años, la mayoría de las confesiones ha visto aumentar su número de fieles y sus necesidades. Así, García señala que los protestantes están en España desde el siglo XIX, “pero se conformaban con abrir pequeños lugares de reunión con un cartelito en la puerta que pasaba desapercibido”.
El crecimiento exponencial de todas las religiones minoritarias en los últimos años ha “puesto sobre la mesa” y hace visible el tema de la diversidad religiosa y obliga a las autoridades, especialmente las locales, a tomar decisiones. A falta de precedentes, las autoridades “reaccionan ante el temor de que la situación se desborde y se apresuran a poner límites”, explica García. Para el Observatorio, la existencia de una ley estatal que asuma los cambios en la sociedad española “facilitaría” la gestión de este tipo de asuntos.
Así, el portavoz de Federe pone como ejemplo el hecho de que hace unos meses, la concejalía de Urbanismo de Lérida justificaba los expedientes de cierre a iglesias evangélicas argumentando que el Ayuntamiento se había limitado “a hacer cumplir de manera estricta la normativa municipal” sobre locales públicos y que en el mismo periodo también se habían cerrado “muchos prostíbulos y bares”.
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